Son pocos quienes no comparten la urgencia de profundizar el proceso de descentralización y regionalización iniciado en la década del 80. Aunque ha habido avances, forzoso es concluir que, si nos comparamos con países desarrollados todavía estamos en pañales. Desgraciadamente, las buenas intenciones expresadas profusamente por los gobiernos anteriores, no guardaron relación con la tremenda desproporción entre Santiago y regiones en lo que a gasto público concierne.
El presidente Piñera prometió durante su campaña un nuevo trato para las regiones. Con gran acierto, en su programa prevé adoptar medidas tendientes a establecer gobiernos regionales y comunales más autónomos y dotados de recursos suficientes para influir en el destino de cada ciudad. El diagnóstico del Ejecutivo, consistente en que a la fecha solo se ha avanzado en descentralizar sectorialmente y no en dotar de más recursos de libre disposición a las regiones y comunas, es correcto.
El Estado está en deuda con sus regiones, cuestión que no solo se manifiesta en la altísima concentración demográfica capitalina, sino también, como hemos dicho previamente, en la falta de medios económicos a nivel local para tomar decisiones. Valparaíso –puerta de entrada a Chile por el Pacífico, primer Puerto, una de las principales ciudades universitarias, capital patrimonial– es una ciudad única e indiscutiblemente de las más importantes del país (sino la más impotante después de Santiago), razón por la cual merece una consideración especial en el presupuesto de la nación.
Los porteños confiamos en que el gobierno de la Alianza hará justicia con Valparaíso y destinará los recursos requeridos para lograr su máximo desarrollo. Esperamos que la tan anhelada –y, tantas veces, prometida por moros y cristianos– ley Valparaíso sea una realidad antes del término del presente cuatrienio. De la misma manera esperamos que medidas más sencillas y posibles de adoptar en el corto plazo, no queden trabadas en la burocracia que tanto criticamos a los gobiernos concertacionistas, sino que sean puestas en marcha durante los próximos meses.
De las últimas podríamos enumerar varias. Quedémonos aquí con una de aquellas que no puede continuar postergándose: la recuperación de los ascensores. En Valparaíso llegaron a existir treinta elevadores. La ciudad hoy solo cuenta con quince, de los cuales cinco son de propiedad municipal. Del total, solo seis están actualmente en funcionamiento, tres municipales y tres particulares, situación lamentable y que solo puede ser revertida con fondos externos al presupuesto comunal.
El desafío –y el mejor regalo que Valparaíso puede recibir con ocasión de la celebración del Bicentenario de la República– es que el nivel central otorgue los recursos necesarios para recuperar todos los ascensores porteños. Ello no parece descabellado, si consideramos que la inversión total requerida equivale solo al 3% de los recursos que se gastan en la operación del Transantiago y a un 1% de la inversión anunciada por el Gobierno para obras del transporte capitalino. En otras palabras, si mensualmente se gastan más de 60 millones de dólares en la operación del tan cuestionado plan y pueden destinarse 1.765 millones a la ejecución de obras para el transporte del Gran Santiago, qué impide invertir 20 millones de dólares en los ascensores de Valparaíso.
La priorización de este proyecto sería una demostración tangible del interés por continuar el proceso de regionalización, así como una señal clara de la voluntad del presidente Piñera en orden a corregir la abismal desigualdad que se ha erigido entre quienes viven en Santiago y quienes vivimos en regiones.
Jaime Barrientos R.
Abogado
Concejal de Valparaíso